La urbanización en Colombia, y en América Latina en general, fue sustancialmente rápida en comparación con aquella ocurrida en otras regiones en desarrollo (excepto China) y desarrolladas. Solo cuarenta años atrás Colombia tenía un tercio de la población urbana que tiene hoy, mientras que para entonces los países desarrollados ya tenían el 70% de la población urbana que tienen ahora. Las implicaciones de este proceso son dramáticas dado que las instituciones locales han tenido que evolucionar más rápido que aquellas de países de los cuales hemos importado la experiencia en el manejo de los temas urbanos. Ciertamente los logros de las ciudades latinoamericanas son sustanciales en medio de una dinámica para la cual no estaban preparadas. Bogotá, por ejemplo, es un importante estudio de caso por el manejo de los problemas de movilidad cuando se la compara con ciudades de su tamaño. Esta bien que empecemos una vez más a poner juntas las ideas para una polïtica de vivienda de la ciudad, por ahi podemos superar viejos sesgos. Esta es mi nota 1 de ideas.
Los déficits habitacionales, cuantitativo y cualitativo, de Bogotá son sustanciales y persistentes. El Censo 2005 reportó cerca de un 20% de hogares en la ciudad con alguno de los dos déficits. Al revisar las cifras de los dos censos anteriores no se puede concluir sino que el problema es altamente persistente. La diferencia que debemos establecer es el tratamiento que daremos a la política de vivienda. La política pública ha estado fuertemente marcada por la disyuntiva entre redistribución y crecimiento económico. Una situación que es normal en un país con una marcada mala distribución del ingreso que plantea esta disyuntiva como un problema de economía política. Entre los que generan los ingresos públicos vía la tributación y los que los reciben al no tener un potencial importante de ayudarse ellos mismos. Consecuentemente las políticas de vivienda, por ejemplo, se han considerado tradicionalmente como políticas sociales. Asociadas al crecimiento económico únicamente como fuente de demanda. Nos debemos mover a una política de vivienda vista como un hermano siamés del crecimiento económico y, por ende, determinante de la sostenibilidad de la ciudad. Hermandad cuya columna vertebral son los precios del suelo y la estructura funcional con la cual están integradas las diferentes áreas de la ciudad.
La sostenibilidad de una ciudad está dada por el equilibrio de largo plazo entre las demandas de servicios que hacen sus habitantes con la capacidad de generación de ingresos, privados y fiscales, para pagar por esos servicios. Cuando una ciudad alberga una cantidad creciente de población que no contribuye a la generación de recursos para atender las demandas, ellos mismos adicionan más demanda y menos contribuciones, se entra en una situación que deteriora la sostenibilidad. Es el caso de las ciudades que se pos-industrializan. La población continúa llegando, pero los empleos se van. Se quedan aquellos que no tenían las habilidades para migrar con el empleo y se quedan dependiendo del apoyo de lo público en una ciudad que otrora fue rica para atenderlos. La resultante es el deterioro de la capacidad de inversión y el deterioro urbano.
La política de vivienda debe entenderse como una parte integral del equilibrio de largo plazo que asegura la sostenibilidad de la ciudad. La producción de vivienda, que incluye el aseguramiento de la oferta de suelo, la regulación urbana y los mecanismos de financiación, debe estar estrechamente ligada a una visión sobre la dinámica del empleo. Esto quiere decir ligada a la estructura espacial de las funciones que desarrolla la ciudad. Por ejemplo, la alimentación de insumos para las empresas, la alimentación que estas hacen a los mercados de consumo local y de insumos global. La estructura funcional es un determinante central del planeamiento de la vivienda y debe ser determinante de la alineación de la inversión pública hacia objetivos estratégicos que alimenten su sostenibilidad de largo plazo.
Una ciudad no puede albergar secularmente grupos poblacionales que no aporten a su productividad porque esto constituye una señal incorrecta para las aspiraciones de esos hogares que han migrado desde otras ciudades o desde el campo en busca de mejores condiciones de vida. La ciudad al arriesgar su sostenibilidad no podrá responder con servicios y tampoco con empleos. La pobreza urbana obedece en primer lugar a factores de atracción que mejoran las condiciones de vida frente a las alternativas que enfrentaban esos hogares en sus sitios de origen. Por ejemplo, el acceso a los servicios básicos que generalmente en América Latina son deficientes afuera de las principales ciudades. Basta comparar Soacha con Bogotá.
En segundo lugar, la pobreza urbana obedece a la perpetuación a través de generaciones de familias de los factores que impiden su integración con la economía urbana. Las zonas pobres de la ciudad mantienen una economía prácticamente autárquica, como si fueran pueblos lejanos, con una integración a la ciudad por la vía de la economía informal. Sus aportes a la productividad de la ciudad son limitados, en especial porque con el paso del tiempo la población que si se integra a la economía urbana se auto-segrega de las zonas más pobres. Romper el círculo vicioso del barrio pobre implica desde lo público la inversión estratégica para integrarlos funcionalmente a la ciudad a la vez que se haga un control efectivo de su crecimiento.
En paralelo a una mejor estructuración funcional de los sub-mercados de vivienda de las zonas pobres y el control al asentamiento informal, la ciudad debe mantener una revisión de la estructura funcional de la vivienda para otros grupos de ingreso. Mejorar la funcionalidad de zonas en las que históricamente ha invertido grandes recursos públicos y que hoy se encuentran deterioradas como aquellas de las áreas centrales. Igualmente hay que adicionar mercados paralelos de tierra para quitar la presión al escaso suelo en su interior mediante acuerdos con municipios vecinos que correspondan a los ejes de su estrategia espacial.
Los déficits habitacionales, cuantitativo y cualitativo, de Bogotá son sustanciales y persistentes. El Censo 2005 reportó cerca de un 20% de hogares en la ciudad con alguno de los dos déficits. Al revisar las cifras de los dos censos anteriores no se puede concluir sino que el problema es altamente persistente. La diferencia que debemos establecer es el tratamiento que daremos a la política de vivienda. La política pública ha estado fuertemente marcada por la disyuntiva entre redistribución y crecimiento económico. Una situación que es normal en un país con una marcada mala distribución del ingreso que plantea esta disyuntiva como un problema de economía política. Entre los que generan los ingresos públicos vía la tributación y los que los reciben al no tener un potencial importante de ayudarse ellos mismos. Consecuentemente las políticas de vivienda, por ejemplo, se han considerado tradicionalmente como políticas sociales. Asociadas al crecimiento económico únicamente como fuente de demanda. Nos debemos mover a una política de vivienda vista como un hermano siamés del crecimiento económico y, por ende, determinante de la sostenibilidad de la ciudad. Hermandad cuya columna vertebral son los precios del suelo y la estructura funcional con la cual están integradas las diferentes áreas de la ciudad.
La sostenibilidad de una ciudad está dada por el equilibrio de largo plazo entre las demandas de servicios que hacen sus habitantes con la capacidad de generación de ingresos, privados y fiscales, para pagar por esos servicios. Cuando una ciudad alberga una cantidad creciente de población que no contribuye a la generación de recursos para atender las demandas, ellos mismos adicionan más demanda y menos contribuciones, se entra en una situación que deteriora la sostenibilidad. Es el caso de las ciudades que se pos-industrializan. La población continúa llegando, pero los empleos se van. Se quedan aquellos que no tenían las habilidades para migrar con el empleo y se quedan dependiendo del apoyo de lo público en una ciudad que otrora fue rica para atenderlos. La resultante es el deterioro de la capacidad de inversión y el deterioro urbano.
La política de vivienda debe entenderse como una parte integral del equilibrio de largo plazo que asegura la sostenibilidad de la ciudad. La producción de vivienda, que incluye el aseguramiento de la oferta de suelo, la regulación urbana y los mecanismos de financiación, debe estar estrechamente ligada a una visión sobre la dinámica del empleo. Esto quiere decir ligada a la estructura espacial de las funciones que desarrolla la ciudad. Por ejemplo, la alimentación de insumos para las empresas, la alimentación que estas hacen a los mercados de consumo local y de insumos global. La estructura funcional es un determinante central del planeamiento de la vivienda y debe ser determinante de la alineación de la inversión pública hacia objetivos estratégicos que alimenten su sostenibilidad de largo plazo.
Una ciudad no puede albergar secularmente grupos poblacionales que no aporten a su productividad porque esto constituye una señal incorrecta para las aspiraciones de esos hogares que han migrado desde otras ciudades o desde el campo en busca de mejores condiciones de vida. La ciudad al arriesgar su sostenibilidad no podrá responder con servicios y tampoco con empleos. La pobreza urbana obedece en primer lugar a factores de atracción que mejoran las condiciones de vida frente a las alternativas que enfrentaban esos hogares en sus sitios de origen. Por ejemplo, el acceso a los servicios básicos que generalmente en América Latina son deficientes afuera de las principales ciudades. Basta comparar Soacha con Bogotá.
En segundo lugar, la pobreza urbana obedece a la perpetuación a través de generaciones de familias de los factores que impiden su integración con la economía urbana. Las zonas pobres de la ciudad mantienen una economía prácticamente autárquica, como si fueran pueblos lejanos, con una integración a la ciudad por la vía de la economía informal. Sus aportes a la productividad de la ciudad son limitados, en especial porque con el paso del tiempo la población que si se integra a la economía urbana se auto-segrega de las zonas más pobres. Romper el círculo vicioso del barrio pobre implica desde lo público la inversión estratégica para integrarlos funcionalmente a la ciudad a la vez que se haga un control efectivo de su crecimiento.
En paralelo a una mejor estructuración funcional de los sub-mercados de vivienda de las zonas pobres y el control al asentamiento informal, la ciudad debe mantener una revisión de la estructura funcional de la vivienda para otros grupos de ingreso. Mejorar la funcionalidad de zonas en las que históricamente ha invertido grandes recursos públicos y que hoy se encuentran deterioradas como aquellas de las áreas centrales. Igualmente hay que adicionar mercados paralelos de tierra para quitar la presión al escaso suelo en su interior mediante acuerdos con municipios vecinos que correspondan a los ejes de su estrategia espacial.
No comments:
Post a Comment